Nov 8, 2016

Qué está pasando en Guatemala y los pueblos desde Prensa Comunitaria Km.169

Hoy podría haber una sentencia que condene Max Eduardo Cordón de 75 años, por abuso sexual a una niña de 8 años. En mayo de 2014 agentes de la policía lo encontraron y lo detuvieron cuando iba saliendo de un autohotel con la niña de ocho años. En ese entonces era concejal de la municipalidad de Chiquimula. Este hombre será juzgado por los delitos de remuneración por trata de personas, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a menores de edad, agresión sexual y actividades sexuales remuneradas con menores de edad, todos estos delitos en situación agravada. La madre de la niña Ericka Mariela Osorio será juzgada por los delitos de remuneración por la trata de personas y trata de personas estos delitos en situación agravada.

San Mateo Ixtatán: grupo paramilitar ataca transporte colectivo

El domingo 30 de octubre de 2016, a las 01.00 horas de la madrugada fue agredido Julio Gómez, autoridad del gobierno local de Payjel Na/San Mateo Ixtatán y delegado de la Nación Mayan Chuj en el Payxail Yajaw Konob/Gobierno Ancestral Plurinacional Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’, iba acompañado por sus dos hijos de 6 y 9 años, que también fueron golpeados, además el ayudante fue lastimado.

Esta agresión fue hecha por un grupo paramilitar integrado por una veintena de hombres armados a sueldo por la empresa Promociones de Desarrollo Hídrico[2], en las inmediaciones de la comunidad de Yichk’isis, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango; todos armados con palos, machetes y armas de fuego, atacaron el transporte colectivo, propiedad de don Julio Gómez, quien se disponía a trasladar pasajeros de las comunidades fronterizas hacia la cabecera municipal, a bordo de la unidad de transporte iban una veintena de pasajeros en su mayoría mujeres con niños.

Lea el artículo completo en:

http://www.prensacomunitaria.org/san-mateo-ixtatan-grupo-paramilitar-ataca-transporte-colectivo/

Depredar defensores de derechos para perpetuar la condición de colonialidad de los pueblos

Los pueblos indígenas y/o comunidades campesinas, ante la presencia/invasión de maquinarias pesadas en sus territorios, sin consulta, ni licencia social alguna, emprenden intentos de acercamiento y diálogo con los representantes de las empresas. Estos esfuerzos, en el mejor de los casos, terminan con la “compra” de la voluntad de dirigentes comunitarios, por parte de las empresas extractivas.

En este contexto, las comunidades organizadas no tienen más opción que proceder a ejercer acciones colectivas de resistencia social. Derecho fundamental vigente en ordenamientos jurídicos como el de Guatemala, Ecuador y otros países.

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