Dec 20, 2018

Pronunciamiento ante represión de gobierno en Nicaragua

La Alianza Centroamericana Frente A La Minería Condena La Represión Contra Defensores De Derechos Humanos Y Organizaciones Sociales De Nicaragua

El pasado 11 de diciembre la Asamblea Nacional de Nicaragua despojo de su estatus legal a más de nueve Organizaciones No Gubernamentales percibidas como enemigas del Estado por promover la defensa de derechos humanos en la sociedad nicaragüense.

Esta acción por parte de la Asamblea Legislativa, promovida por el Ministerio de Gobernación y ejecutada por cuerpos represivos al clausurar las oficinas de reconocidas organizaciones, representa una escalada más a la estrategia sistemática de represión, persecución política y violencia liderada por las autoridades y grupos de choque del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para desmantelar la protesta organizada del movimiento estudiantil, de las comunidades rurales víctimas del despojo extractivista, y de los movimientos sociales que buscan la democratización, el fin a la corrupción y la aplicación efectiva de los derechos humanos en dicho país.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), es una agrupación de organizaciones y movimientos sociales a través de la región centroamericana que busca fortalecer los lazos de amistad entre comunidades que están siendo afectadas por proyectos extractivos, como tal hemos seguido de cerca la coyuntura política que se desenvuelve en Nicaragua y nos preocupa de sobre manera que un gobierno liderado por un partido de tradición revolucionaria mancilla sus principios y se comporta como una más de las dictaduras emergentes de la región.

Desde el mes abril miembros de la nuestra alianza con base en Nicaragua han reportado cientos de asesinatos, persecución política por parte de las bases del FSLN, purgas de centros de trabajo a aquellos que se atreven a denunciar las arbitrariedades de la burocracia Sandinistas, detenciones y allanamientos ilegales parte de las autoridades, violación al derecho del debido proceso, agresión física y psicológica por parte de cuerpos paramilitares que trabajan en coordinación con los cuerpos represivos.

En esta nueva etapa de represión, el gobierno quiere silenciar a organizaciones de la sociedad civil declarando ilegal sus actividades sin un debido proceso judicial. Entre las organizaciones afectadas, se encuentran el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), La Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) que son organizaciones que particularmente han aportado a la defensa del medio ambiente y la denuncia a las arbitrariedades del sector minero.

Dentro de este sector existen empresas que junto a autoridades nicaragüenses implementan campañas de criminalización sistemática contra defensores ambientales, particularmente lideres ambientalistas del Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial -MONAFMI-.

En este contexto de crisis política,

• Expresamos nuestra preocupación por la seguridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en Nicaragua y particularmente aquellos que tienen vinculación con nuestra red.

• Condenamos enérgicamente la eliminación de la personería jurídica de las organizaciones sociales y no gubernamentales.

• Creemos que el levantamiento arbitrario del estatus legal de estas organizaciones de derechos humanos críticas del gobierno es una seria violación de derechos fundamentales contra grupos de la sociedad civil e individuos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la democracia en Nicaragua.

• Hacemos un llamado a las autoridades para que reviertan inmediatamente esta decisión y pongan fin a todo tipo de hostigamiento contra las organizaciones, sus líderes, así como contra todos los defensores de los derechos humanos en Nicaragua. ¡Si a la vida, no a la minería!

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